Seguridad ciudadana. La primera razón histórica por la que los seres humanos se organizan en Estados fue preservar la seguridad de los ciudadanos honestos, su familia y su patrimonio frente a la agresión de los criminales.

 

 

Dardo López-Dolz. Magister y abogado peruano. Fue Asesor de la Alta Dirección en Resolución de Conflictos por el Ministerio de Salud y, entre 2006 y 2007, fue Vice Ministro del Interior por el gobierno peruano. Experto en seguridad ciudadana, gestión del  sistema de seguridad nacional del estado.

 

 

 

 

 

La primera razón histórica por la que los seres humanos se organizan en Estados fue preservar la seguridad de los ciudadanos honestos, su familia y su patrimonio frente a la agresión de los criminales. Por tanto la primera obligación del Estado, so riesgo de perder legitimidad (lo que hoy no es utópico), es dotar a los ciudadanos honestos de un ordenamiento que los respalde en la defensa de su vida, su integridad y su patrimonio.

Si el Estado peruano sigue fallando en esto, será estéril todo intento de dotar al ciudadano de más bienes o servicios, pues junto con la propia vida, les pueden ser fácilmente arrebatados por los criminales, perdiéndolos él y perdiendo el Estado los recursos invertidos.

Desde los años 60, quienes respetamos la ley, venimos sufriendo las consecuencias de inseguridad creciente derivadas de la teoría socialista de la culpa social (que no explica ni el crimen de algunos adinerados ni la honestidad de la mayoría de los pobres), con una sospechosa empatía por quienes son capaces de cualquier cosa para apropiarse de lo ajeno.

LA DOCTRINA DEL CASTILLO (en ruso “Мой дом моя крепость” que se traduce como “Mi casa es mi fortaleza” o “Mi casa es mi castillo”, recoge la expresión de Edward Coke, abogado de la corte británica en 1592 “todo ciudadano es rey en su propia casa”) es el sustento del principio de inviolabilidad del domicilio, recogida por el Derecho Constitucional moderno, el cual al regir para el Estado, con mayor razón es aplicable a la violación ilegal e ilegítima del mismo que cometa un particular.

 

 

En EE.UU., casi todos los estados han incorporado este principio a la legítima defensa ciudadana, con tal éxito en la reducción de crímenes violentos dentro de las casas, que viene siendo emulado por varios países. De hecho acaba de ser incorporado a la legislación italiana y portuguesa. Esta semana ingresaron al Congreso de la República dos proyectos de ley que recogen dicha doctrina.

De inmediato han saltado los defensores de los derechos de los criminales (algunos de los cuales se sienten más cercanos a ellos que a gente honesta por razones que, por ahora, solo ellos conocen. Entre los opositores más rabiosos se encuentran personas procesadas por agresión sexual).

A quien afirme que es innecesario el detalle normativo propuesto, le recomiendo revisar el infame e inmenso listado de ciudadanos honestos procesados, encarcelados o maltratados por la prensa sensacionalista por el uso legítimo de la violencia en defensa de la vida, integridad o patrimonio propio o de terceros. Los desastrosos resultados de la aplicación de las teorías socialistas protectoras del criminal, con los cuales se han formado generaciones de fiscales, jueces y periodistas, hacen necesaria la precisión que dichos proyectos proponen.

A quien oponga razones religiosas, le recomiendo buscar los textos más antiguos conocidos de Las Tablas de la Ley (los 10 mandamientos) en la que se lee en Arameo “No matarás al inocente”, frase a la que se amputó “…al inocente” cambiando el sentido bíblico original de la misma.

Ni la mejor policía del mundo es capaz de estar dentro de la casa, centro de trabajo o vehículo de cada ciudadano para prevenir y repeler un ingreso ilegal de desconocidos; ante la creciente inseguridad, es imprescindible que la Ley provea las herramientas claras para que cada ciudadano pueda defenderse incluso usando la violencia letal, ante la intrusión de un desconocido.

 

 

 

Pretender que en medio de la sorpresa evalúe la amenaza es negarle la posibilidad de ser eficaz en la defensa de los suyos. No es difícil prever que, como ha sucedido en otras partes del mundo donde se aplica la doctrina del castillo, disminuyan abruptamente los ataques delictivos al interior de los hogares, vehículos y centros de trabajo. Un delincuente tendría que ser idiota o demente para correr deliberadamente ese riesgo.

De ese modo, el derecho del ciudadano honesto estará mejor protegido y los escasos recursos policiales y judiciales podrán concentrarse en la prevención y represión del crimen cometido en la vía pública.

 

 

 

 

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Autor: Dardo López-Dolz

 

Redacción Espacio Armas

 

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