Criminalidad Organizada M13. La novedosa “Operación Jaque” en El Salvador ha proporcionado una gran cantidad de información sobre la Mara Salavatrucha (MS13) y ha permitido conocer el funcionamiento financiero interno de la pandilla, sus mecanismos de lavado de dinero, así como detalles sobre su estructura jerárquica.

 

 

Redacción Espacio Armas

 

 

 

 

Los hallazgos de estas investigaciones demuestran que el modelo de extorsión tradicional ha dado paso a esquemas considerablemente más sofisticados.

 

 

Fuente artículo: INSIGHT CRIME

 

Autorizada por un juez en octubre de 2015, la Operación Jaque ha sido la investigación más detallada sobre la pandilla MS13, y dio a conocer nuevos niveles de sofisticación en sus esquemas de extorsión. Con base sobre todo en grabaciones telefónicas, la investigación culminó con una serie de detenciones en julio de 2016 y permitió llevar a juicio a Borromeo Enrique Solórzano, alias “el Diablito de Hollywood” y a Élmer Canales Rivera, alias “El Crook”, dos miembros del liderazgo tradicional de la MS13, denominado “Ranfla nacional” Ambos se encuentran tras las rejas en la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca.

La investigación Jaque presenta muchos casos en los que la MS13 dejó de exigir extorsiones a sus víctimas para obligarlas a lavar las ganancias obtenidas de las extorsiones a otras víctimas.

 

 

 

Un ejemplo de esto último es la empresa de transportes Sotrana, que opera la ruta 6 en San Salvador. Los dueños de los autobuses pagaban $32 semanales por cada vehículo que operaba en esa ruta. Después de algún tiempo, el dueño del autobús que la pandilla había designado para recolectar regularmente todo el dinero de las extorsiones en esta ruta se convirtió en testaferro de la MS13 y comenzó a recibir y blanquear el dinero de la pandilla, la cual empezó a utilizar ese dinero para adquirir sus propios autobuses y aumentar sus ganancias —esta vez a través de medios legales—.

 

En 2012, la MS13 comenzó a extorsionar al propietario de un concesionario de autos y un taller de reparación de automóviles que importaba vehículos de Estados Unidos. La pandilla comenzó a exigirle dinero, e incluso de vez en cuando le pedía algún carro. Un día, después de un año más o menos, la pandilla le propuso a la víctima un nuevo trato: ya no tendría que pagar más extorsiones, pero tendría que reparar los vehículos de las pandillas por poco dinero y darles acceso a las ventas de coches importados.

El empresario aceptó, al igual que lo hizo el dueño del autobús. Ambos están acusados como parte de la Operación Jaque por colaborar con la MS13, dado que, desde la perspectiva de las autoridades, la extorsión dio paso al lavado de dinero.

Las escuchas telefónicas también permiten tener una idea de cuánto gana realmente la MS13 por las actividades de extorsión.

 

En febrero y abril de 2016, los líderes encarcelados de la ranfla (como se les denomina a los miembros de alto rango del consejo nacional de la MS13) llamaron a los pandilleros por fuera de las cárceles para comenzar a planear y coordinar una serie de ataques contra policías, soldados y otros funcionarios públicos.

Estas llamadas permitieron conocer que la pandilla planeaba adquirir un gran arsenal de armas, incluyendo rifles de asalto AK-47, municiones, chalecos antibalas y lanzacohetes antitanque —supuestamente para derribar helicópteros— a un costo de entre $ 2.000 y $ 3.000 cada uno. Este armamento de grado militar sería adquirido en México y Guatemala y contrabandeado a El Salvador, utilizando las ganancias de las extorsiones.

Para ello los líderes encarcelados ordenaron la realización de un censo sobre lo que recaudaba cada clica mediante las extorsiones, y en solo dos meses lograron reunir casi $600.000. Esto indica unas ganancias anuales de tres o cuatro millones de dólares por el concepto de extorsión.

 

 

 

Fuente: el diario de hoy. Eduardo Enrique Cruz Escobar, fue detenido  en Guatemala y  luego fue traído a  El Salvador por las autoridades. Redacción Espacio Armas.

En una entrevista con la revista Séptimo Sentido en el año 2009, el comisionado de policía Omar García Funes, conocido como “Carabinero”, admitió que durante años los organismos de seguridad de El Salvador habían estado ciegos en su lucha contra las pandillas. No se habían realizado investigaciones exhaustivas, y hasta el momento las relaciones entre las autoridades policiales y judiciales habían sido inexistentes. Su afirmación de que las autoridades salvadoreñas no tenían ni idea de a quiénes se estaban enfrentando es una revelación pasmosa: Carabinero había ejercido como jefe de investigaciones de la policía y director del Centro Antipandillas Transnacional. 

La falta de entendimiento del fenómeno de las pandillas por parte de las autoridades explica sus erráticos esfuerzos para afrontarlo. Durante toda la década de los noventa y mediados de la década siguiente, estos esfuerzos consistieron en arrestos constantes durante las noches, que inundaron a las prisiones de reclusos. Aunque estas redadas permitieron la captura de líderes de las pandillas, no se llevaron a cabo investigaciones estructurales, y todo lo que se sabía de las pandillas era que eran extremadamente violentas y poseían cierto tipo de estructura jerárquica. No se arrojó luz sobre la sofisticación de las actividades criminales ni sobre las operaciones financieras de las organizaciones.

 

 

 

 

 

Líderes de la MS-13 en la prisión Ciudad Barrios en 2012. El supuesto “CEO” de la mara, Marvin Ramos Quintanilla, está al fondo a la derecha. El Diablito, Borromeo Henríquez Solórzano, que ocupa el lugar más alto de la jerarquía según la policía, está sentado al centro, con gorra negra. Credit Paul Coll/Ruido Photo

 

 

 

 

 

 

Las cosas empezaron a cambiar en 2012, dos años después de que el Congreso aprobara la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, que permitía la creación de un centro de grabaciones telefónicas y les daba a las autoridades herramientas técnicas para, al menos, obtener una mejor comprensión de las pandillas. Durante una entrevista con InSight Crime, Álvaro Rodríguez, entonces coordinador nacional de lucha contra la extorsión, de la Fiscalía General, dijo que dicha ley representaba un punto de inflexión para las investigaciones. Al escuchar las llamadas telefónicas, los fiscales finalmente se dieron cuenta de la realidad a la que se enfrentaban.

Los primeros resultados, en términos de investigación en profundidad, vinieron cuatro años más tarde, con la Operación Jaque. Desde entonces, las autoridades han adelantado dos investigaciones similares dirigidas al aparato financiero de MS13, Tecana (2017) y Cuscatlán (2018), que han resultado en cientos de arrestos, pero, lo más importante de todo, han ofrecido información adicional sobre los mecanismos financieros de la MS13, todo ello gracias, una vez más, a las grabaciones telefónicas.

Jaque, el mayor de los tres casos, se encuentra actualmente en la fase final de los procedimientos judiciales, y ha sido utilizado por el poder judicial para revelar a los jueces y al público el funcionamiento interno de la MS13. Las más de 1.350 páginas de la acusación formal arrojan luz sobre cómo todas las las estructuras internas de la pandilla, desde las pequeñas clicas hasta los grandes programas, responden a los líderes de la ranfla encarcelados, y cómo las actividades criminales, incluida la extorsión, son administradas desde la cima por los líderes de la pandilla que permanecen libres.

Pero solamente el veredicto del juicio, entablado contra más de 100 individuos, confirmará si la información descubierta puede servir en efecto para socavar a la MS13.

 

 

 

 

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