Seguridad ciudadana. Un total desconocimiento de la seguridad ciudadana.

 

 

Dardo López-Dolz. Magister y abogado peruano. Fue Asesor de la Alta Dirección en Resolución de Conflictos por el Ministerio de Salud y, entre 2006 y 2007, fue Vice Ministro del Interior por el gobierno peruano. Experto en seguridad ciudadana, gestión del  sistema de seguridad nacional del estado.

 

 

 

 

 

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran irrefutablemente que la mayoría de las armas usadas en asaltos a mano armada en Lima coincide con las armas de reglamento de las FF.AA. y PNP: fusiles AKM, FAL y G3 y Subfusiles UZI, (todos ellos de uso militar exclusivo desde siempre) y pistolas Beretta modelo 92FS, pistola de reglamento de las FF.AA. y PNP desde 1984, por no mencionar las granadas.

Negarse a ver lo evidente linda con la complicidad. Hay un extendido manejo evidentemente displicente de los pañoles de armamento ligero de las fuerzas de seguridad del Estado y una reiterada negativa a investigar lo obvio debidos a un deformado concepto del espíritu de cuerpo que acaba embarrando a las instituciones y alejándolas del necesario respeto de su pueblo. 

Un general en situación de retiro, que dirigió hace un tiempo SUCAMEC, me confirmó que la estadística criminal apuntaba mayoritariamente al origen uniformado de las armas de la delincuencia. A ello se suma en años recientes la negligencia punible en la revisión del equipaje de las oleadas de refugiados, entre los cuales se han infiltrado algunos centenares de delincuentes y no pocos agentes saboteadores.

Sería interesante que, por transparencia, la PNP y el MP muestre las cifras de armas recuperadas para desterrar de una vez mitos infundados que, con evidente influencia bolivariana, agitan de cuando en cuando “asesores” infiltrados en la alta dirección estatal.

 

 

 

Fusil de asalto incautado a un ex licenciado de la Marina de Guerra. Fuente Peru21.com. Redacción Espacio Armas.

 

 

 

La población civil honesta está bajo riesgo permanente de ataque delincuencial armado, dado que los números, el tráfico y las distancias hacen ilusorio pensar que la policía pueda intervenir oportunamente en un número relevante de casos, para evitar que se consume el delito. Cualquier iniciativa tendente a suspender, restringir o prohibir el porte legal de armas de fuego acabará, como en Venezuela, haciendo un gran favor al crimen organizado, que podrá atacar sin problema a quien le plazca.

Afirmar, como habría hecho un asesor de PCM, que prohibido el porte se acabarán los ataques armados de la delincuencia indica un absoluto desconocimiento de la realidad de la seguridad ciudadana y un absoluto desprecio por el derecho a la legítima defensa, a la vida y a la propiedad privada. Y también un deficiente funcionamiento neuronal o una muy mala intención, con hedor a socialismo del siglo XXI, del autor de la propuesta con la que se pretende sorprender al ministro Morán y al presidente Vizcarra.

Si se quiere hacer algo inteligente y no solo una finta para la prensa; si no es, como temen muchos, un segundo intento de implementación del primer paso del manual del socialismo del siglo XXI (el primero fue durante el humalato, con operadores siguen enquistados en el aparato estatal), hay algunas medidas que pueden implementarse sin necesidad de recurrir a normas legales adicionales.

Por ejemplo, utilizar la herramienta que actualmente posee SUCAMEC para detectar e informar en tiempo real a la inteligencia policial de las compras de grandes cantidades de munición por personas cuya situación tributaria formal no se condiga con el dinero que gastan.

Es necesario recordar que en un país con fronteras que existen solo en el papel y muros inútiles en cuarteles y comisarías, una restricción más estricta del número de balas que se pueden adquirir legalmente acabará impulsando irremediablemente el mercado negro de munición.

Y no hace falta decir que exactamente lo mismo ocurriría con la demanda de armas sin registro, como ocurrió en los años ochenta, cuando el terrorismo generó también situaciones de inseguridad. Negarse a entenderlo es no conocer el Perú y los peruanos.

Si se quiere, por las razones que sea, añadir normas a la materia, sería muy provechosa una norma que obligue a las FF.AA., PNP y al personal en actividad a presentar las armas de su propiedad a una auditoría externa del área especializada de la ONU.

En seguridad ciudadana hay que estudiar con rigurosidad la causalidad pues, como sucede en la medicina, un diagnóstico erróneo, preconcebido, irracional y un deseo apresurado de“hacer algo” va a acabar empeorando las cosas.

Otros artículos sobre seguridad ciudadana y legítima defensa:

 

Perú, El derecho a la violencia reactiva o preventiva

Autor: Dardo López-Dolz

 

Redacción Espacio Armas

 

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