Seguridad ciudadana. Licencia porte armas Perú, abuso de autoridad. Durante la dictadura militar socialista instaurada en 1968 era común que un funcionario actuara convencido de que su (falta de) criterio estaba por encima de las leyes.
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Licencia porte armas Perú, abuso de autoridad
Absurdo fallo en materia tributaria trajo a la luz una de esas barbaridades de nuestro sistema
Durante la dictadura militar socialista instaurada en 1968 era común que un funcionario actuara convencido de que su (falta de) criterio estaba por encima de las leyes. Esa prepotencia, reeditada algunas décadas después por algunos que desde su infinita ignorancia o irrespeto al orden constitucional añoran tiempos de barbarie, ha vuelto a asomar en plena democracia. En días recientes un absurdo fallo en materia tributaria trajo a la luz una de esas barbaridades de nuestro sistema, que aleja la justicia del ciudadano. Me refiero a la obligación virtual, impuesta al funcionario por la Contraloría, de apelar llevando el caso hasta la última instancia.
Es inadmisible que en pleno siglo XXI un funcionario crea tener derecho a innovar en doctrina jurídica buscando imponer sus gustos como fuente de derecho, colisionando con lo dispuesto expresamente por una ley o un decreto supremo, dos normas legales a las cuales está obligado a sujetarse para no cometer el delito de abuso de autoridad. Una empresa debidamente autorizada solicita autorización para importar armas (importación perfectamente ajustada a ley), y una gerencia de Sucamec deniega el pedido apelando a un criterio ilegal que le sale de su profunda formación jurídica como suboficial retirado de la PNP.
¿Discriminación, corrupción o ignorancia atrevida?
Un ciudadano solicita se le aplique una excepción contemplada en la legislación, y el mismo funcionario decide “interpretarla” a su antojo y, en claro abuso de autoridad, atropella el derecho del ciudadano, negando lo que la ley expresamente autoriza. Y que ese mismo funcionario, en sospechosa contradicción, ha concedido a otros ciudadanos ante idéntica solicitud. ¿Discriminación, corrupción o ignorancia atrevida? Lo decidirá el juez penal.
En ambos casos el agraviado puede apelar. Si el buen juicio o un abogado de verdad no instruyen adecuadamente al superintendente, el atropello persistirá y el ciudadano y la empresa víctimas del atropello accionarán en la vía contenciosa administrativa y denunciarán penalmente al funcionario por abuso de autoridad. Pero aun estando claro la materia, ambos procesos durarán varios años, por la sobrecarga procesal, durante los cuales lo dispuesto por la ley será letra muerta y pisoteada por el funcionario de marras.
Entretanto cambiarán las condiciones de mercado para uno y envejecerá el otro. Y si bien la acción penal acabará condenando al funcionario a pena no efectiva y apartándolo de toda posibilidad de función pública, esta no tendrá efecto inmediato sobre la restitución del derecho atropellado; hasta agotar las instancias, que en el campo civil, puede alcanzar los cinco años.
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El funcionario puede ser un absoluto ignorante en materia jurídica o desconocer la ley vigente, como en los casos citados; cosas del compadrazgo y padrinazgo político. Pero el procurador es, por ley, abogado de profesión y estará en capacidad de descubrir que el funcionario violó la ley. Aún así, se verá obligado a apelar los fallos que le resulten adversos, con el riesgo de ser él mismo denunciado por Contraloría.
Este es uno de los temas sobre los que el Congreso debiera legislar
La velocidad, la necesidad y la oportunidad cambian velozmente. Una justicia demorada es impunidad del atropello. Y para la cultura imperante entre los funcionarios de la mayoría de entidades del sector público (hay contadas y honrosas excepciones) el derecho del ciudadano importa nada.
Las acciones ilegales o prepotentes de la autoridad no solo acaban empujando a los ciudadanos hacia la informalidad, como se demostró en El otro sendero, sino que alejan a la inversión que genera puestos de trabajo, derivándola hacia Chile o Colombia. Dos países donde la expectativa matemática de retorno es menor, pero que se acrecienta por el respeto a la ley y celeridad de justicia (que no existen en Perú).
Este es uno de los temas sobre los que el Congreso debiera legislar, otorgando a cada procurador la facultad de demostrar que es un buen abogado; y que acepte la sanción cuando apele a sabiendas de que se atropellaron derechos. ¿Hasta cuando hará falta recordar a algunos malos uniformados en retiro que en democracia la ley se cumple?
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Autor: Dardo López-Dolz
