Criminalidad Organizada. Venezuela y minería: crimen organizado. Un informe reciente de la organización International Crisis Group explora la dinámica criminal en la región minera de Guyana, limítrofe con Venezuela, y revela cómo el caos y la violencia en el arco minero de Venezuela se desborda al su país vecino.
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Venezuela y minería: crimen organizado
Población minera de Etheringbang, en la región de Esequibo, Guyana
Fuente artículo: INSIGHT CRIME
El informe pone el foco en la población minera de Etheringbang, en la región de Esequibo —considerado como una zona en reclamación por Venezuela—, en el oeste de Guyana. La población está situada en las orillas del río Cuyuní, en la frontera con Venezuela y es una vía clave para los flujos de contrabando y migrantes entre ambos países.
Al otro lado del río frente a Etheringbang, la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las mafias venezolanas conocidas como sindicatos se disputan el control de las minas de oro ilegal en Venezuela. Los mineros guyaneses realizan sus operaciones a la sombra de estos grupos armados.
El informe describe cómo los barcos que transportan suministros para las minas guyanesas deben pasar por tres puntos de control, en poder del ELN, los sindicatos y los organismos de seguridad venezolanos, respectivamente. En cada punto, se cobran cuotas extorsivas a punta de pistola.
Guyana vive bajo el temor de una incursión armada
Con un ejército de solo 3.500 hombres, Guyana vive bajo el temor de una incursión armada. Los oficiales de seguridad guyaneses entrevistados para el informe expresaron su preocupación de que una intervención militar extranjera en Venezuela lleve a grupos criminales armados a trasladar sus operaciones al otro lado de la frontera, lo que desataría una crisis de seguridad en Guyana.
Ya en noviembre de 2018, los sindicatos allanaron una de las minas guyanesas, por lo cual se enfrentaron a tiros con los dueños de las minas locales. El ELN tiene un campamento casi a la vista de Etheringbang, desde donde hace casi dos años controla los movimientos entre fronteras.
En 2017, el diputado venezolano Williams Dávila visitó la isla Anacoco, en la parte guyanesa del río Cuyuní, cerca de Etheringbang. Su intención era proclamar la soberanía venezolana en la región de Esequibo, que Venezuela reclama y considera bajo ocupación guyanesa. La delegación fue detenida en un punto de control por guerrilleros del ELN fuertemente armados.
Para Bram Ebus, autor del informe del Crisis Group, el hecho fue una cruda demostración del verdadero balance de poderes en Esequibo.
“Fue un choque con la realidad para ellos saber que es el ELN quien realmente ocupa esa región”,
comentó en entrevista con InSight Crime.
Análisis de InSight Crime: Venezuela, minería y crimen organizado
La vulnerabilidad de los mineros guyaneses se ve exacerbada no solo por la extrema lejanía de la región, sino también por el ambiguo estatus legal de sus mismas operaciones. Estos factores los empujan a establecer una incómoda relación simbiótica con los grupos armados del lado venezolano, lo que deja una puerta abierta para las economías criminales transfronterizas.
Aunque Esequibo es reconocida como parte de Guyana en el ámbito internacional, los reclamos territoriales de Venezuela han disuadido la inversión extranjera a gran escala en la región desde hace décadas.
Como resultado de eso, las operaciones mineras guyanesas tienden a ser pequeñas y aisladas, al carecer de recursos para desarrollar una infraestructura de suministros confiable. Por consiguiente, dependen de los grupos criminales que contrabandean insumos necesarios al otro lado de la frontera venezolana.
“Todos los mineros guyaneses consiguen su combustible de Venezuela, porque está más cerca y es mucho más barato”,
comentó Ebus a InSight Crime.
“Si toma una lancha desde Etheringbang, subiendo y bajando por el río, verá todas esas casas en la ribera del río con 50 tambores de combustible apilado en algún lugar. El mayor negocio en los tres puntos de control es cobrar impuestos a todos los tambores de gasolina”.
Explicó que aunque la mayoría de las minas guyanesas tienen algún tipo de título legal, la industria no tiene regulación formal, lo que le da muchas de las características de las operaciones ilegales. El uso de mercurio es tolerado ampliamente y la falta de supervisión significa que no hay claridad sobre hasta qué punto el oro venezolano ingresa a la cadena de suministros guyanesa o al contrario.
Según Ebus, los informes de cotización del oro son confusos: algunas fuentes afirman que el metal puede conseguir mayores precios en Venezuela, donde el presidente Maduro depende cada vez más del recurso para mantener a flote su administración con un flujo de caja recortado. Otros alegan que Guyana es un destino conveniente para lavar el oro ilegal venezolano.
Sin controles fronterizos significativos entre ambos países, no hay mucho que impida que esta materia prima se introduzca ilegalmente en cualquier dirección, según los cambios en la demanda de los mercados criminales.
Venezuela minería crimen organizado. El desbordamiento de las economías criminales en Venezuela también atiza la proliferación de actores criminales en Guyana. Un ejemplo de ello es la trata de personas y la industria del explotación sexual que se nutre de refugiados venezolanos.
Aunque los mineros de Etheringbang son atendidos por venezolanas que venden “sexo de supervivencia” a cambio de pedazos de oro, el Cuyuní también es una vía de alto tráfico para una actividad mucho mayor y más lucrativa manejada por redes criminales a ambos lados de la frontera.
“En Georgetown, conozco a alguien que tiene un hotel, un guyanés”,
relató Ebus.
“Él envía mensajes a San Félix o Puerto Ordaz en el estado de Bolívar [Venezuela], diciendo: necesito tantas mujeres, de tales edades, y los venezolanos se las envían”.
Ebus es claro en afirmar que aunque esos flujos de tráfico pueden estar dirigidos por venezolanos, también dependen de tratantes guyaneses en los puertos a lo largo del Cuyuní, lo que fomenta la criminalidad y la corrupción en Guyana.
La corrupción también permea la policía guyanesa en ciudades como Etheringbang.
“Todos los mineros locales tienen que pagar en oro a la policía”,
señaló Ebus.
“La policía va por ahí en ropa de civil, tomando cerveza y usando grandes cadenas y anillos de oro. Una vez [vi] a un tipo de la Guardia Nacional Venezolana que pasaba a Guyana a tomar unas cervezas con los agentes locales”.
El ejército guyanés afirma que mantiene presencia a lo largo de la frontera, pero se mantiene a distancia segura, sabiendo que se verán superados sin esperanza por los ejércitos del lado venezolano. Incapaces de contar con la protección estatal, los dueños de minas guyaneses están recurriendo a contratistas de seguridad privada, lo que multiplica aún más los actores armados no estatales en la región.
“Ellos son como mercenarios guyaneses con armamento pesado, que tratan de defender los intereses mineros en la parte guyanesa”,
explicó Ebus. Pero señaló que su tarea más importante es vigilar contra los robos menores, y duda que puedan brindar protección más que simbólica contra un ataque venezolano organizado.
“Por ahora, no veo la posibilidad de una gran escalada”,
comentó.
“Esta es no más que la nueva ley y orden en ese rincón del mundo”.
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